¿Somos ricos?

Como dijo un representante de EE.UU. cuando vio nuestra estructura de Gobierno y de las Comunidades Autónomas, ¿Uds. son muy ricos, verdad?

Evidentemente no somos ricos (y mucho menos después de 8 años de “no gobierno” del Sr. Rodriguez Zapatero), pero nos gusta parecerlo… Una aspiración de muchos españoles es y ha sido siempre, ser funcionario. Lo más gracioso es que uno de los “líderes” que impulsaron, en su inicio, el movimiento 15M tiene como máxima aspiración “ser funcionario”; ¡toda esta movida para conseguir su puesto de funcionario!. Ahora eso ha cambiado y el movimiento 15M “ha sido secuestrado” por estructuras “organizadas” en torno a movimientos de okupas, anti-sistema y demás “inventos” para conseguir “subvencionarse” de algo y/o de alguien.

Pero centrándonos en las CC.AA., en los últimos 10 años, mientras la población de España ha crecido un 12,2%, los funcionarios han aumentado un 22%.

Hay un funcionario por cada 9 trabajadores del sector privado. A ese dato habría que sumarle todos las empresas “públicas”, “semi-públicas”, “fundaciones”, “cajas de ahorro” y demás subterfugios que nuestra clase política (de todas las condiciones, credos e “internacionales”), ha construido en torno al bien común, es decir, en torno al “lo pagamos todos y el rédito de los votos son para mí”.

Las “locomotoras” de este aumento son las Comunidades Autónomas, que han elevado en un 92% su personal, lo que supone un aumento de más de 623.000 personas cuyos sueldos los pagamos todos los que trabajamos en el sector privado.

Dos menciones especiales merecen los feudos (también llamados por el PSOE “graneros de votos”) de Extremadura en la que un 8% de su población total son funcionarios y Andalucía donde la cifra de funcionarios asciende a casi 500.000 empleados públicos. Desde luego que viendo estas cifras la “aplastante victoria” del PP en estas comunidades “tiene más valor”.

¿Y ahora qué? Pues eso a subir los impuestos, ibis y demás por una parte,  y a “multar más” por otra.

Está claro que necesitamos un nuevo modelo donde el Estado tenga más control sobre las Autonomías y no permita un despilfarro que al final pagamos todos.